CARACAS, Venezuela (AP) — Estados Unidos impuso sanciones a otros 21 aliados del presidente Nicolás Maduro, acusándolos el miércoles de perpetrar parte de la represión con la que las autoridades venezolanas respondieron a las controvertidas elecciones presidenciales de julio.

Entre los funcionarios de seguridad y de gabinete sancionados por el Departamento del Tesoro se encuentran el director de la agencia penitenciaria del país, el director de un servicio de inteligencia y el ministro de la Oficina del Presidente de Maduro. Se sumaron a una lista de decenas de venezolanos sancionados que incluye al jefe del alto tribunal del país, ministros y fiscales.

La semana pasada, el gobierno de Biden reconoció al candidato opositor venezolano Edmundo González como el “presidente electo” de esa nación. Estados Unidos también impuso el miércoles restricciones de visas a otras personas a las que acusó de reprimir a los venezolanos después de las elecciones del 28 de julio.

Aunque Maduro declaró la victoria en las elecciones, él y su gobierno se han negado a mostrar los recuentos de votos que respaldan su afirmación.

González abandonó Venezuela en septiembre para exiliarse en España después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en relación con una investigación sobre la publicación de los recuentos de votos. El ex diplomático, que representó a los principales partidos de la oposición, afirmó haber ganado las elecciones presidenciales por un amplio margen.

En septiembre, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra 16 aliados de Maduro, acusándolos de obstruir la votación y llevar a cabo abusos contra los derechos humanos.

El efecto de las sanciones individuales y las restricciones de visas anunciadas el miércoles no está claro. Los leales a Maduro que fueron castigados anteriormente todavía tienen poder en el gobierno de Venezuela.

Los legisladores venezolanos continuaron el martes el debate sobre un proyecto de ley que catalogaría las sanciones económicas como un crimen contra la humanidad y permitiría el procesamiento de cualquiera que exprese su apoyo a las medidas.